El saldo de la lucha contra las drogas
Apuntes de Karina Malpica para preparar una ponencia para el 1er. Foro Interdisciplinario "Hacia una nueva cultura de las drogas: pros y contras de la despenalización", que pretendíamos llevar a cabo en las instalacioned de Ciudad Universitaria en 1997 y que finalmente no se realizó porque la UNAM no apoyó el proyecto y los organizadores no contábamos con fondos ni perseverancia suficientes
El problema de las drogas es un problema de índole política más que un problema médico o legal.
Independientemente de la atracción que algunos psicoactivos han ejercido durante milenios, lo que impulsó el control y la prohibición de algunos de ellos fueron las profundas tensiones que han surgido entre diversos grupos étnicos, socioeconómicos y generacionales.
Está plenamente comprobado que la muerte no depende del uso sino del abuso o del mal empleo de los fármacos, por ello, quien persiga la objetividad deberá separar la moral positiva del derecho penal, la represión de la química, así como los intereses de grupos políticos y económicos del interés social.
El uso de drogas es tan antiguo como la humanidad. No obstante, la primera prohibición de fármacos a nivel global se llevó a cabo en este siglo. A partir de entonces parece haber desaparecido el recuerdo de que alguna vez la producción, el tráfico, la venta y el consumo de todo fármaco fueron actividades libres y que la responsabilidad de su abuso o de su mal empleo se imputaba exclusivamente al individuo y no a la droga en sí.
De esta manera, quienes antiguamente habrían sido considerados como personas que evadían la responsabilidad de moderar sus impulsos y controlar su tendencia al exceso, hoy son tratados como víctimas que -inducidas por agentes externos- contraen una enfermedad que se apodera de su conciencia eximiéndolos de toda responsabilidad.
En medio de la cacería suscitada por la prohibición, son pocos los que se atreven a recuperar las nociones de templanza, responsabilidad y autogobierno para oponerlas a las actuales concepciones de amenaza externa, liberación responsiva por enfermedad y necesidad imperiosa de protección estatal. Son pocos quienes se dedican a indagar sobre las razones del consumo ancestral y persistente de sustancias psicoactivas a lo largo de la historia humana, pocos quienes se interesan en comunicarnos que incluso las hormigas suelen drogarse con una sustancia que extraen de pulgones parásitos, pocos quienes se atreven a transmitir sus experiencias respecto a los efectos subjetivos de los fármacos ilegales, o quienes denuncian el peligro de extinción de las tradiciones de ciertos pueblos indígenas de México que incluyen la ingestión ritual de plantas como el peyote, cuyo cultivo está prohibido en territorio nacional.
A través de los medios de comunicación, cualquier persona medianamente informada recibe toda una serie de noticias, en su mayoría parciales, respecto al tema de las drogas; difícilmente se cuestionan las políticas públicas. Lo que se critica, se lamenta o se aplaude son los resultados de estas políticas.
Si algún individuo ha consumido algún psicoactivo ilícito durante más de veinte años sin sufrir el deterioro moral, físico y psíquico que se espera del consumo prolongado, podemos estar seguros de que su nombre y sus experiencias nunca aparecerán consignados en las páginas de ningún diario, ni se escucharán en noticiero radial o televisivo alguno; allí no hay noticia, la noticia está en el último crimen que cometió cualquier otro "bajo el influjo de una sustancia prohibida".
Informar al público sobre los peligros de la adulteración, sobre las dosis letales de cada droga o sobre los pasos a seguir en caso de intoxicación, no es una labor que se planteen los medios de comunicación. Tampoco el Estado. El papel que se plantea éste es el de perseguir a los narcotraficantes "para acabar con la demanda y por ende con el consumo". El papel de los medios es perseguir la noticia que impacte y conmueva en función de los imperativos éticos del momento.
Así pues, la noticia no está en las muertes provocadas por la adulteración y atribuidas al consumo. La noticia está en la muerte misma y en el carácter epidemiológico de dicho consumo. Está en la corrupción o en los esfuerzos de los organismos dedicados a hacer cumplir la ley anti-drogas, está en las cantidades oficialmente admitidas respecto a decomisos y destrucción material de sustancias prohibidas, está en las firmas de los acuerdos de cooperación para la interdicción o en los tropiezos suscitados al tratar de implementarlos, está en el lavado de dinero, está en las pérdidas y en las ganancias monetarias que se derivan de la venta ilegal y los intentos por frenarla...
El saldo de la lucha contra las drogas puede medirse en función de diversos indicadores: en niveles de violencia y corrupción, en incidencia de ganancias ilícitas sobre la economía mundial o regional, en cuadros de oferta y demanda o en listas de defunción. Listas que incluyen, además de traficantes y defensores de la ley, a ciudadanos desafortunados que perecen enmedio de un fuego cruzado y a consumidores desinformados respecto a las modalidades de uso o engañados con drogas adulteradas.
Cualquiera que sea el indicador que se consulte, la frialdad de las cifras obliga a considerar la posibilidad de legalizar o en todo caso regular la producción, distribución, venta y consumo de sustancias prohibidas. Hasta ahora el escaso debate que se ha desarrollado en torno al tema incluye por regla general posiciones extremas. Posiciones en las que se discuten conceptos morales y buenos deseos antes que cursos lógicos de acción frente a problemas graves y crecientes.
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